Pregunta.- Es una alerta que desde la FED están proclamando desde hace más de un año, cuando Gobierno y comunidades acordaron –tras una votación muy ajustada– las características de ese modelo. ¿En todo este año, entonces, este tema ha estado paralizado?

Respuesta.- Desde su aprobación, se les dio un periodo de nueve meses a las comunidades autónomas para que lo transpusieran a sus normativas, sin embargo, esto no na sido así. Hasta la fecha, solo Cantabria y Comunidad Valenciana, que ya estaban trabajando en una normativa propia, lo han tenido en consideración y han incorporado algunos aspectos del nuevo modelo a su nueva normativa. Por otra parte, Asturias ha abierto una comisión para valorar su viabilidad. El resto de comunidades no han aplicado nada del nuevo modelo, por lo que consideramos que sí, efectivamente, está paralizado.

P.- Tras aquel consejo territorial que ha marcado la actualidad del sector, usted mismo hacía la predicción de que los precios de las plazas residenciales se incrementarían hasta un 50%. ¿El tiempo les está dando la razón?

R.- Nuestras proyecciones son correctas, pero como aun no se están aplicando en ninguna comunidad estas medidas... Porque una cosa es que se transponga a la normativa y otra cosa es que se aplique, y afortunadamente aun no hemos visto este efecto. Lo que sí estamos notando es la incertidumbre del sector que se refleja en un freno a la inversión.

P.- ¿Cómo están viviendo los verdaderos protagonistas –las personas con dependencia y sus familias– la implantación de este modelo?

R.- Todavía es pronto para medirlo porque, como hemos comentado, aun no se está aplicando. Como aspectos positivos que esperemos que sí se noten, es que se destine más financiación. El tema de las unidades de convivencia, que harán una atención más personalizada, será una mejora, que por otra parte el sector ya lleva mucho tiempo implantando, y evolucionando para crear espacios mas humanizados, semejantes a un hogar.

P.- Y en las empresas a las que representan, ¿cómo están repercutiendo esos criterios de acreditación que abanderó la cartera de la ministra Belarra? ¿Se está resintiendo el sector residencial de esas medidas?

R.- El sector ya mostró su absoluto malestar por el nuevo modelo, por cómo se gestionó y por lo irrealizable del mismo. Ha generado un marco de incertidumbre que ha hecho frenar la inversión de capital y la ralentización de nuevos proyectos, lo que supone menos riqueza, menos creación de empleo y menos servicios a personas mayores dependientes y a sus familias.

P.- Trazado el perfil de la situación, hablemos de posibles mecanismos para enderezar lo que está ocurriendo. Desde la patronal demandan la convocatoria un consejo interterritorial urgente. ¿Qué asuntos consideran que deben centrar esta reunión?

R.- Necesitamos empezar a plantear todo desde el principio. Además, el mapa político actual ha cambiado, por lo que las comunidades que si que aprobaron, ahora que su gobierno ha cambiado de manos, es muy difícil que realmente lo vayan a querer aplicar. Nosotros proponemos intentar llegar a un consenso entre todos y crear un acuerdo de mínimos que haga que se homogeneice la calidad de los servicios en todo el país y no que cada comunidad tenga su propia normativa. En definitiva, proponemos empezar desde el principio y activar la mesa de diálogo social que creó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

P.- En definitiva, parece que en ese afán de redefinir el modelo actual, se ha optado por uno, como usted ha asegurado en alguna ocasión, “irrealizable”. ¿Considera que será necesario replantearlo para asegurar su desarrollo?

R.- Un sector tan importante como este no se puede permitir hacer castillos en el aire. Nosotros lo que pedimos es buscar un modelo que sea sostenible, consensuado por todas las partes y que sea realista con las circunstancias de nuestro país. Es un sinsentido apostar por un modelo que se desarrolla en los países más ricos de Europa, donde destinan entre el 2,5 y el 3% de su PIB a Dependencia y España no llega al 1%.

P.- Si tuviese que poner un primer punto como detonante de la inestabilidad del sector, ¿cuál sería? ¿La financiación?

R.- El principal problema ha sido sacar esta normativa de espaldas al sector, sin hacer una valoración económica y financiera mínima sobre su viabilidad y sostenibilidad. Es obvio que si se quiere realizar un cambio de modelo que aumenta considerablemente los costes, habrá que ajustar la financiación.

P.- ¿Qué justificación, a su juicio, tiene ese doble IVA que impera en los servicios de este sector?

R.- Absolutamente ninguna. La única es la voracidad recaudatoria del Ministerio de Hacienda y de la del Ministro de Hacienda, porque ni siquiera es un aspecto que compete a las comunidades autónomas. Es necesario equiparar el tipo de IVA que actualmente estamos cobrando para evitar una discriminación. Por el mismo servicio repercutimos un 4% para las personas que disfrutan de una plaza concertada o a las que reciben una prestación económica vinculada al servicio y a las Administraciones públicas. Pero, sin embargo, a las personas a las que atendemos y lo hacen de forma privada –porque entre otras cosas no les han concedido la ayuda del SAAD– les cobramos por el mismo servicio un 10% de IVA. No tiene ningún tipo de sentido.

P.- Temen que las diferencias entre comunidades generen desigualdades entre unos ciudadanos y otros. ¿Sería viable el establecimiento de un criterio único?

R.- Es por lo que nosotros hemos apostado desde el principio, pero se ha actuado de manera contraria. Nosotros siempre hemos dicho que era necesario crear un sistema homogéneo de mínimos, pero se ha aprobado un sistema imposible de aplicar de máximos que va a hacer que cada geografía haga lo que medianamente pueda, dependiendo de sus presupuestos, como ya estamos viendo.

P.- ¿Cómo está afectando al sector de atención a la dependencia la situación actual de incertidumbre política que se está viviendo en los últimos meses en España?

R.- El sector de la dependencia, como cualquier otro sector, lo que necesita es un marco de certidumbre que fomente la inversión. Desgraciadamente estamos en el escenario contrario. Necesitamos que se forme un Gobierno que nos ofrezca visibilidad sobre las decisiones en el ámbito nacional. En un país envejecido como el nuestro y con la llegada a la tercera edad de los baby boomers, los esfuerzos del sector tendrían que haberse centrado en crear una red de centros y servicios para dependientes que sea sostenible y asumible para el bolsillo de los dependientes, sus familias y las instituciones públicas que conciertan. Además, estos centros no se crean de la noche a la mañana, por lo que cuanto antes consigamos volver a activar la inversión, antes podremos empezar a solventar el grave problema de la falta de plazas que ya sufrimos y que va a ir incrementándose.

P.- El sector de atención a la dependencia en nuestro país tiene muchos frentes abiertos. Si hablamos, en primer lugar, del nuevo modelo de residencias. ¿Por qué aseguran desde la federación que usted preside que este modelo “ha nacido muerto”?

R.- Consideramos que un acuerdo de tanta transcendencia y calado habría que haberlo hecho con el consenso de todos los agentes sociales y con el respaldo político suficiente y esto no fue así, en un primer momento. Para apostar por un sistema tan novedoso y un cambio radical es necesario hacer análisis técnicos y económicos que justificaran su necesidad y aseguraran su viabilidad y, desgraciadamente, no han existido. Esto ha hecho que no se esté aplicando y, por tanto, que haya nacido ya muerto.